Laboral, Prestaciones, Reenganche, Salarios Caídos

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El Escritorio Jurídico Gutiérrez & Asociados se trata de un grupo de abogados en Derecho del Trabajo con 25 años de experiencia, quienes brindan los Servicios de Asesoría Empresarial , Corporativa y Particular.

Asesoría en todas las áreas del Derecho Laboral y Social en Venezuela, tanto en el sector público como privado, a personas naturales y jurídicas, patronos o trabajadores, en esta área encontramos:

1.Fuero sindical, maternal y paternal
2.Inamovilidad y estabilidad laboral
3.Cálculo de prestaciones sociales (intereses sobre prestaciones, bono vacacional, utilidades y otros beneficios sociolaborales)
4.Revisión y redacción de contratos laborales
5.Salario y cumplimiento de la obligación de alimentación
6.Trámite de inscripción y solvencia del Seguro Social, BANAVIH, INCES, MINTRA (Solvencia Laboral)
Seguridad y Salud Laboral

Prevención de riesgos laborales; auditoría en material laboral para el cumplimiento de todos lo deberemos formales derivados de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y sus Reglamentos; Normas Covenin; Ley Orgánica del Trabajo; Ley de Seguridad Social; Ley para Personas Discapacitadas y en fin todas las leyes sociales que regulan la materia.

1.Análisis y notificación de los riesgos existentes en la empresa
2.Constitución de los Comité de Salud y Seguridad Laboral
3.Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
4.Delegados de Prevención
Litigios y Procedimientos Administrativos

Asesoría rápida y eficiente al cliente, especialmente tratando de resolver sus problemas en el menor tiempo posible y al menor costo. Asesoría al cliente sobre la forma más adecuada de prevenir litigios o de minimizar el impacto que un litigio podría ocasionar en un momento determinado.

1.Asistencia o representación en Juicios Laborales
2.Asistencia o representación frente a reclamaciones en la Inspectoría del Trabajo
3.Actuaciones en procedimientos de Calificación de Despido, Reenganche y Pago de Salarios Caídos, bien sea en tribunales o inspectoría
4.Asistencia en transacciones laborales en tribunales o inspectoría
5.Asistencia en procedimientos de fiscalización en la sede de la empresa por parte del INPSASEL, Seguro Social, Inspectoría del Trabajo

Es importante destacar que la en la prestación de nuestros servicios, tenemos como política brindarles a todos nuestros clientes un servicio especial, una excelente atención y trato por igual, manteniendo siempre nuestra lealtad, confidencialidad y preservando el secreto profesional. No tenemos limites en nuestra esmerada atención, por ello no asumimos un horario de trabajo, simplemente trabajamos en beneficio de nuestros clientes, por eso, usted siempre tendrá una experiencia satisfactoria con nosotros.

Penalistas Abogados asesoran en Delitos de Violencia Contra la Mujer

violencia contra mujer2Gutiérrez & Asociados es un grupo de abogados Penalistas en Venezuela, quienes brindan sus servicios legales en Materia de Violencia de Género contra las Mujeres, asesorando a sus clientes (Mujeres o Hombres) en lo concerniente a cómo hacer sus denuncias, respecto a las mujeres cuando son agredidas por: Violencia Psicológica, Acoso u Hostigamiento, Amenaza, Violencia Física, Violencia Sexual, Acto Carnal con Víctima Especialmente Vulnerable, Actos Lascivos, Prostitución Forzada, Esclavitud Sexual, Acoso Sexual, Violencia Laboral, Violencia Patrimonial y Económica, Violencia Obstétrica, Esterilización Forzada, Ofensa Pública por Razones de Genero, Violencia Institucional, Tráfico Ilícito de Mujeres, Niñas y Adolecentes, Trata de Mujeres Niñas y Adolescentes, tanto en los Órganos receptores de denuncias, Fiscalía, Tribunales de Control o Tribunales de Juicio.

 Asimismo, ofrecemos defensas legales a los hombres como supuestos agresores, tanto en los Órganos receptores de denuncias, Fiscalía, Tribunales de Control o Tribunales de Juicio.

 Este Escritorio fue  iniciado en el año 1989 por el abogado Fidel Antonio Gutiérrez Mayorga

 Consideramos que la resolución rápida y eficaz de los casos encomendados, de forma transparente y honrada, utilizando para ello el ético ejercicio del derecho y con disciplina, arrojará como resultado, satisfacción y confianza en nuestros clientes.

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Abogados Penalistas en Caracas Venezuela

Abogados Penalistas caracas Venezuela2Permita que abogados expertos en Derecho Penal le den oportuna asistencia profesional por la vía judicial más adecuada. No pierda sus derechos por no actuar de manera expedita y rápida.

Gutiérrez & Asociados cuenta con abogados Penalistas en Venezuela, quienes brindan sus servicios legales en: Delitos Tributarios, Cuasidelito de Homicidio, Cuasidelito de Lesiones, Manejo en estado de Ebriedad, Giro Doloso de Cheques, Falsificaciones de Instrumento Público, Falsificaciones de Instrumento Privado, Usurpación de Nombre, Apropiación Indebida, Adulteraciones, Uso Malicioso de Instrumento Público y Privado, Delito de Funcionarios Públicos, Estafas, Delito de Lesiones, Robos, Hurtos, Ley de Bancos, Tráfico y micrográfico, Lavado de Dinero, Unificaciones de Penas, Injurias y Calumnia, Abuso Sexual, Acoso Sexual, Negligencias médicas, delitos informáticos, delitos de violencia contra la mujer, y otros.

Este Escritorio fue iniciado en el año 1989 por el abogado Fidel Antonio Gutiérrez Mayorga. Consideramos que la resolución rápida y eficaz de los casos encomendados, de forma transparente y honrada, utilizando para ello el ético ejercicio del derecho y con disciplina, arrojará como resultado, satisfacción y confianza en nuestros clientes.

Atendemos solo previa cita

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Gutierrez & Asociados, se trata de un grupo abogados con sede en Caracas Venezuela con 25 años de experiencia en asesoría legal a personas naturales y jurídicas en litigios, corporativo y tramites de gestoría, en asuntos: Derecho de Seguros; Derecho de Tránsito; Derecho Mercantil; Derecho de Bancario; Derecho Sucesoral, Propiedad Horizontal; Cobranzas y Recuperaciones de Carteras Créditos; Derecho de Familia; Derecho de Civil;  Derecho Menores; Exequatur de Divorcio y de Sentencias Extranjeras. Asesoría General: Extra- judicial, Judicial y por Internet.

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Características Contrato Seguro, artículo 6 Ley Venezuela, consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva

abogados en seguros4En Venezuela constituyen características del contrato de seguro, conforme lo prevé actualmente el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, los siguientes elementos: el carácter consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva. En todo contrato -el de seguros no es una excepción- debe haber consentimiento, objeto y causa.

Consensual por cuanto se perfecciona con el consentimiento de las partes, las cuales declaran someterse a las condiciones establecidas en un documento denominado póliza cuya entrega es obligatoria para el asegurador (artículo 14 eiusdem).

A fin de entender el sentido que debe atribuírsele al referido decreto Ley  (2001), es oportuno precisar lo expuesto en la exposición de motivos cuando se  advierte que:

“…El presente Decreto Ley recoge las modernas tendencias en  esta materia, definiendo el contrato, incluyendo el carácter imperativo de sus  disposiciones a no ser que ellas mismas establezcan lo contrario. Se ratifica el carácter mercantil del contrato de seguro y sus características como un contrato bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva; igualmente  como innovación se modifica la forma de perfeccionamiento del contrato, pasando de la solemnidad a la consensualidad que resulta más cónsona con la rapidez de este tipo de operación…”.

Según expone la autora Veitía (2001), en su  obra “El Perfeccionamiento del Contrato de Seguros en Venezuela”, pág. 40, al referirse la vigente Ley del Contrato de Seguros, señala que:

“Se considera que esta modificación legal, viene a favorecer y a romper con los esquemas solemnes existentes en materia de seguro, que obstaculizaban las prácticas, y obviamente, no permitía fácilmente adaptarse a las exigencias tecnológicas de este mundo globalizado. Así mismo, protege aún más al asegurado, ante la falta oportuna de la entrega de la póliza, por cuanto el consentimiento perfecciona el contrato, y la póliza un instrumento probatorio más. Ahora bien, esta convención genera derechos, obligaciones y cargas de los contratantes, que se exterioriza en la póliza. Al respecto el primer aparte del artículo 12 establece que “por acuerdo expreso de las partes, los efectos del seguro podrán retrotraerse al momento en que se presentó o formulo la proposición”. Esta disposición ratifica que la consensualidad viene a ser determinante en la formación del contrato de seguro, y las consecuencias que se deriven del mismo, tales como las obligaciones de las partes que se encuentran claramente definidas en el capítulo V del Decreto Ley…”

Bilateral, porque se establecen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes contratantes, siendo algunas de ellas, la obligación del asegurado de pagar la prima y participar el siniestro (actuales artículos 20 y 39 eiusdem), y la del asegurador de entregar la póliza, asumir los riesgos y en consecuencia, cumplir con el pago de la prestación convenida de acuerdo al tipo de seguro contratado en caso de que ocurra el siniestro, es decir, de indemnizar (actuales artículos 21, 30 y 31 eiusdem).

Garrigues, Joaquín (1987) “Curso    de Derecho    Mercantil” Tomo IV. Editorial Temis.   Bogota, al respecto señala:  “..el tomador de seguros se obliga a pagar la prima y el    asegurador se obliga a una prestación pecuniaria: si    bien esta prestación esta subordinada a un evento    incierto, cual es la realización del  siniestro“.

Oneroso , establece el artículo 5 de la Ley del Contrato de Seguro: “El contrato de seguro es aquel en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por la póliza…”.

Aleatorio, pues la obligación principal de la aseguradora depende de la ocurrencia de un hecho futuro e incierto (siniestro).

Ejecución Continua,  Por cuanto los derechos de las partes o los  deberes asignados a ellos se van desarrollando en forma   continua, a partir de la celebración del contrato hasta    su finalización por cualquier causa. Buena Fe  (uberrimae bona fidei), es decir, es un contrato, como la mayoría de los contratos, informado y dirigido por la buena fe . El artículo 1.160 del Código Civil, establece:

“…Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley…” (sic),

 

Tribunal Competente demanda Contra Seguros La Previsora

imagesCADRHFGZEn esta oportunidad, a los fines de evitar inicialmente dilataciones inútiles, por  interposición de la cuestión previa  sobre la falta de competencia del ord. 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil,  y solicitudes de regulación de la competencia, en juicios  de cumplimiento de contrato o de otra índole contra la sociedad mercantil,  C.N.A Seguros La Previsora, C.A. {empresa en que el Estado Venezolano  tiene una participación decisiva} vamos a orientarlos, para que al momento de estimar en su libelo sepan determinar el Tribunal que deba conocer la causa por su cuantía, según: 1°.) No exceda a 30.000 U.T.; 2°.)  Exceda a 30.000 U.T. y No exceda a 70.000 U.T.; y 3°.) Exceda a 70.000 U.T.

Iniciamos con el contenido del artículo 24, numeral 1 de  la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece  la Competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la forma siguiente:

Artículo 24.—Competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:

  1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad. (…).

Por lo tanto, resulta que serían competentes, los Tribunales Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los que deben conocer las demandas contra la  Empresa C.N.A Seguros La Previsora, C.A., cuando la estimación de la demanda supere a las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supere setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.).

Por su parte el artículo 25, numeral 1 de  la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece  la Competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la forma siguiente:

Artículo 25.—Competencia. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:

  1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su
    conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.

La norma antes transcrita se evidencia que serían competentes los Tribunales Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los que deben conocer las demandas contra la  Empresa C.N.A Seguros La Previsora, C.A., cuando la estimación de la demanda supere a las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.).

En el mismo orden de ideas,  las demandas contra la  Empresa C.N.A Seguros La Previsora, C.A., cuando la estimación de la demanda, supere a las setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), corresponde a  La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme con el artículo 23, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:

“…Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

  1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad”.

Por su parte, el artículo 26, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reproduce lo estipulado en la disposición legal anterior, en los siguientes términos:

“…Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

  1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil Unidades Tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad…”.

Enfermedad Preexistente artículo 116 Decreto con Fuerza de Ley Contrato Seguro

enfermedad preexistenteLa enfermedad preexistente, es aquella respecto a la cual pueda comprobarse que ha sido adquirida antes de la celebración del contrato de servicios de asistencia médica o de seguro; y que es del conocimiento del tomador, asegurado o beneficiario de dicho contrato, acotándose que “enfermedad”, de manera general, debe ser entendida como toda alteración de la salud, certificada por un médico autorizado para el ejercicio de la medicina en nuestro país.

El Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro Venezolano,  en el artículo 116 establece la preexistencia en los términos siguientes:

 Preexistencia

Artículo 116. Se entiende por preexistencia toda enfermedad que pueda comprobarse ha sido adquirida con anterioridad a la fecha en que se haya celebrado un contrato de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad y que sea conocida por el tomador, el asegurado o el beneficiario. Salvo pacto en contrario los contratos de seguros no cubren las enfermedades preexistentes.

Cuando la empresa de seguros alegue que una determinada enfermedad es preexistente deberá probarlo. El asegurado estará obligado a someterse a los exámenes que razonablemente le sean requeridos por la empresa de seguros a tales fines, a costa de ésta. En caso de dudas se considerará que la enfermedad no es preexistente. (Resaltado nuestro).

De la norma antes  transcrita se desprende que:

1.- Cuando estamos en la vía contenciosa por demanda de cumplimiento de contrato, en el supuesto que una Compañía de Seguros alegue como defensa la preexistencia de una enfermedad, esta deberá probarlo, es decir, se invierte la carga de la prueba hacia esta.

 2.- En caso de que la empresa pruebe la preexistencia de la enfermedad,  además deberá demostrar que la enfermedad era conocida por el asegurado. (Vid. Criterio de la Sala Político Administrativa  del Tribunal Supremo de Justicia,  reiterado en sentencias Nros 00035 de fecha 17 de enero de 2007, 01001 de fecha 21 de julio de 2011, 01166 de fecha 21 de septiembre de 2011 y 00195 de fecha 8 de septiembre de 2012.

3.-El asegurado o beneficiario por su parte y de ser el caso, queda obligado a someterse a los exámenes médicos necesarios, previos a la suscripción del respectivo contrato.

En ausencia de tales exámenes médicos previos, las empresas de seguros a los fines de determinar la preexistencia de enfermedades, dispondrán de la declaración efectuada por el solicitante, contenida en el contrato de seguro, constituyendo tal declaración una de las  obligaciones a cargo del tomador, asegurado o beneficiario de dichos contratos, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, numeral 1 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro.

Prescripción de la Acción en Contrato de Seguro en Venezuela

Caducidad de la accion SEgurosEn Venezuela el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicado en Gaceta Oficial N° 5553 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2001, en su artículo 6, acuerda que: “El Seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe, y de ejecución sucesiva”. Esta consensualidad es ratificada por el artículo 14 en su primer aparte señala: “El contrato de seguro y sus modificaciones se perfeccionan con el simple consentimiento entre las partes”.

Ahora bien, hoy vamos a comentar brevemente, la figura de la Prescripción de la Acción en el Contrato de Seguros,  debido a que,  es muy frecuente que en los Tribunales, declaren con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción,  por no estar atento de cuando se inicia el lapso de la Prescripción de la Acción en materia de Seguros, que no es otro que tres (3) años contados a partir del siniestro que dio nacimiento a la obligación o no se utilizan los medios legales para interrumpir la prescripción de la acción. Asimismo, el demandado no la alega en el acto de la contestación de la demanda y luego pretende que el Juez la declare de oficio.

Respecto a la  prescripción extintiva, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha manifestado  que es un medio de extinción de las obligaciones tanto personales como reales, y tal extinción atañe al poder de exigencia y coercibilidad que tiene el acreedor respecto a la misma, es decir, la posibilidad jurídica de reclamar el cumplimiento de la obligación, la cual se ve afectada por el transcurso del tiempo sin que se ejercite su reclamo (sentencia Nº 453, de fecha 06 de Agosto de 2009, con ponencia de la Magistrado Yris Armenia Peña Espinoza).

La prescripción extintiva es un medio o recurso mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinadas condiciones contempladas en la ley.

Es importante destacar a este respecto que la prescripción extintiva o liberatoria no es propiamente un modo de extinción de una obligación; cuando ocurre la prescripción extintiva, la obligación no se extingue, pues continúa existiendo bajo la forma de obligación natural, pero si extingue la acción para obtener el cumplimiento coactivo de la obligación, teniendo en consecuencia un ámbito más amplio de aplicación pues extingue tanto las acciones personales como las reales derivadas de una obligación, mientras que la prescripción adquisitiva se refiere solo a los derechos reales, especialmente el de propiedad.

La doctrina han estructurado los caracteres de la prescripción extintiva, actuando como primera premisa el que no opera de derecho, por disposición de la ley o del Juez, en consecuencia debe ser alegado por la parte que quiere prevalerse de ella.

Así lo establece el artículo 1956 del Código Civil cuando dispone: “El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta”. No se puede renunciar de antemano hasta que la prescripción no ocurra, hasta que no exista con todas sus condiciones, y que no es consumada además; la parte que puede favorecerse de ella no puede renunciarla.

Al respecto, el artículo 1954 del Código Civil dispone: “No se puede renunciar a la prescripción sino después de adquirida”, tampoco se requiere la buena fe, como ocurre con algunos tipos de la prescripción adquisitiva. El transcurso del tiempo y el cumplimiento de las condiciones hacen operar la prescripción, independientemente de la buena o mala fe, siendo que igualmente la doctrina admite tres condiciones fundamentales para su procedencia.

Es necesario prima facie: la invocación por parte del interesado. En segundo término es necesaria la inercia del acreedor, la cual se entiende como la situación en la cual el acreedor, teniendo necesidad de exigir el cumplimiento del deudor y la posibilidad efectiva de ejercer la acción para obtener ese cumplimiento, no ejecuta dicha acción.

En este orden de ideas, resulta básico señalar que dicha inercia debe estar revestida por la necesidad de exigir el cumplimiento o de ejercer la acción, llamada también necesidad de obrar, la posibilidad de ejercer la acción, y la no ejecución de la acción. No basta con que el acreedor tenga la necesidad de ejercer la acción, sino que exista necesariamente la posibilidad de ejercerla, pues muchas veces hay impedimentos derivados de las causales de suspensión de la prescripción, contempladas en los artículos 1964 y 1965 del Código Civil.

De la misma manera se puede interrumpir la prescripción extintiva, entendiéndose ésta como todo acto de procedimiento conservativo o ejecutivo emanado del acreedor, que consta de dos elementos fundamentales: La manifestación de voluntad de conservar el derecho de crédito y la notificación al deudor de esa voluntad, con lo cual se deja sin efecto el temporal abandono (forzoso o negligente), el no ejercicio que podría conducir a la pérdida de sus derechos. Se borra o destruye el tiempo transcurrido que la ley haya establecido para prescribir.

Ahora bien, son causales de interrupción (artículo 1969 y siguientes) del Código Civil, las siguientes:

1) La prescripción se interrumpe en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que se hubiere efectuado la citación del demandado antes de cumplirse el lapso de prescripción. En caso de no haberse citado todavía al demandado, para que dicha demanda interrumpa la prescripción deberá registrarse copia certificada del libelo con la orden de comparecencia firmadas por el Juez, ante la Oficina Subalterna de Registro Público correspondiente. Dicho registro deberá efectuarse antes de cumplirse el lapso de prescripción.

2) Por un decreto o acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción.

3) Todo acto del acreedor que pueda constituir en mora al deudor.

4) Si se trata de créditos, la prescripción de los mismos puede ser interrumpida mediante el cobro extrajudicial.

5) Cuando el deudor o el poseedor reconocen el derecho de aquel contra quien ella había comenzado a correr.

Este reconocimiento puede ser expreso o tácito, condicional o acompañado de reservas, pero debe ser claro y determinado. No es necesario que dicho reconocimiento sea dirigido al acreedor ni que éste lo acepte. (Artículo 1.973 del Código Civil)

6) La notificación de un acto de interrupción al deudor principal, y el reconocimiento que éste haga del derecho, interrumpen la prescripción respecto al fiador (artículo 1974 ejusdem); pero la interrupción dirigida o notificada al fiador no interrumpe la del deudor principal.

7) También el acto de interrupción dirigido contra uno de los deudores solidarios no puede ser invocado contra los otros. Al respecto el artículo 1.228 preceptúa: “las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que existen respecto a uno de los deudores solidarios no pueden ser invocadas contra los otros. Sin embargo –continua la norma-, el deudor que haya sido obligado a pagar, conserva su acción contra sus codeudores aun cuando hayan sido liberados por la prescripción.

8) El acto interrumpe la prescripción respecto de uno de los acreedores solidarios aprovecha a los otros.

9) La demanda judicial contra un tercero interrumpe la prescripción aun cuando el derecho esté afectado por un término o una condición, pero siempre que se persiga hacer declarar su existencia.

10) El artículo 1971 ejusdem se refiere a que: “El registro por sí solo no interrumpe la prescripción de la hipoteca” y el artículo 1908 del código en comento distingue que “La hipoteca se extingue igualmente por la prescripción, la cual se verifica por la prescripción del crédito respecto de los bienes poseídos por el deudor; pero si el inmueble hipotecado estuviere en poder de tercero, la hipoteca prescribirá por veinte años”.

En materia de Seguros, el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, cuya normativa especialísima en la materia establece, en su artículo 56: “Salvo lo dispuesto en leyes especiales, las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben a los tres (3) años contados a partir del siniestro que dio nacimiento a la obligación”.

Nuestras recomendaciones finales: en caso de ir a la vía judicial a pedir el cumplimiento de un contrato de seguros, serian: A la parte demandante, estar pendiente de que la fecha de siniestro, que marca el inicio del plazo de 3 años para que ocurra la prescripción extintiva de la acción o utilizar los mecanismos citados anteriormente para su interrupción; y a la parte demandada, en caso de que haya fenecido el plazo y haya prescripción de la acción la opongan como punto previo a la contestación a la demanda la excepción perentoria de prescripción de la acción.

Caducidad Legal Póliza Seguro, Caducidad Contractual Acción Contrato Seguro Venezuela

Caducidad Legal Póliza SeguroEn Venezuela en materia de Seguros no es aplicable la doctrina de la caducidad contractual o convencional, porque impera  la caducidad legal o establecida en la Ley, es por ello,  que debe entenderse en los contratos de seguros venezolanos la caducidad como la pérdida de la posibilidad de hacer valer en juicio algún derecho, por no haber solicitado la tutela jurisdiccional dentro del plazo establecido por la Ley , caracterizándose la misma porque se cumple fatalmente si no se evita a tiempo con la interposición de la demanda.

En consecuencia, la caducidad es una sanción jurídica, de carácter procesal, conforme a la cual el transcurso del tiempo fijado por la ley para la validación de un derecho acarrea su extinción; de modo que la caducidad no se interrumpe, sino que se consuma extinguiendo la acción por el solo transcurso del tiempo que se establece como hábil para ejercitarla.

Es por ello que el  Tribunal Supremo de Justicia, ha dicho que la caducidad está íntimamente relacionada con el derecho de acción que tiene toda persona de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su establecimiento puede únicamente determinarse por una disposición legal que la establezca, en aras del derecho a la defensa del justiciable y de su acceso a la justicia.

En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1167, de fecha 29 de junio de 2001, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera, al referirse a la caducidad, expresó:

“El legislador ha creado la caducidad por razones de seguridad jurídica. Para evitar la incertidumbre, establece un límite temporal para hacer valer derechos y acciones, y la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado los extingue. En este sentido, la caducidad disminuye en cierta forma el derecho de acceso a la justicia, ya que a pesar que cualquier persona puede accionar, sin embargo en determinados casos el conocimiento del fondo de las controversias queda eliminado al constatarse que no se incoó la acción dentro del término para ello, y a pesar que esto no limita el derecho de acceso a la justicia, sin embargo lo restringe. Dada la relación de la caducidad con dicho derecho constitucional de acceso, consagrado en el artículo 26 de la vigente Constitución, la caducidad no puede, ser creada contractualmente, ni por voluntad unilateral de los particulares o del Estado, sino solo por mandato legal. De allí, que el artículo 346 numeral 10 del Código de Procedimiento Civil, coloque entre las cuestiones previas `la caducidad de la acción establecida en la ley´.”

En Venezuela el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicado en Gaceta Oficial N° 5553 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2001, se encuentra establecido (legalmente)  el lapso fatal de “caducidad”: en el artículo 55, así:

“Si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de rechazo de cualquier reclamo, el tomador, el asegurado o el beneficiario del seguro no hubiere demandado judicialmente a la empresa de seguros, acordado con esta someterse a un arbitraje solicitado el sometimiento ante la autoridad competente, caducarán todos los derechos derivados de la póliza con respecto al reclamo formulado que haya sido rechazado”

De la norma antes transcrita, se desprende que la oportunidad  en que caducarán los derechos derivados de la póliza con respecto al reclamo formulado que haya sido rechazado son:

1. No hubiere demandado judicialmente a la empresa de seguros.

2. Acordado con ésta someterse a un arbitraje.

3. O solicitado el sometimiento ante la autoridad competente.

De la misma manera tenemos que tomar en consideración que el mencionado artículo 55 de Decreto con Fuerza de la Ley del Contrato de Seguro, el lapso de caducidad de doce (12) meses comienza a computarse a partir de la fecha “de rechazo de cualquier reclamación”.  Es pues la fecha de rechazo de la reclamación, y no la ocurrencia del siniestro el hecho que da partida al lapso de caducidad, que dicho sea, no puede ser igual o menor de doce (12) meses, como ocurre para la prescripción de la acción establecida en el  artículo 56 de la Ley del Contrato de Seguro, que se inicia los 3 años a partir de ocurrencia del siniestro.

Cambio de propietario del objeto asegurado y Derechos del adquirente

En el Decreto Ley del Contrato de Seguro, respecto al Cambio de propietario del objeto asegurado y Derechos del adquirente, los artículos 67 y 68, respectivamente, establecen lo siguiente:

“…Artículo 67. Si el objeto asegurado cambia de propietario los derechos y las obligaciones derivadas del contrato de seguro pasan al adquirente, pero tal situación deberá ser notificada a la empresa de seguros dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Se exceptúa el supuesto de las pólizas nominativas para riesgos no obligatorios, si en las condiciones generales existe pacto en contrario.

Tanto el anterior propietario como el adquirente quedan solidariamente obligados con la empresa de seguros al pago de las primas vencidas hasta el momento de la transferencia de la propiedad.

El cambio de propietario deberá ser notificado por escrito a la empresa de seguros, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que la transferencia haya operado. La empresa de seguros tendrá derecho a resolver unilateralmente el contrato dentro de los quince (15) días siguientes al momento en que hubiese tenido conocimiento del cambio de propietario, y su obligación cesará treinta (30) días después de la notificación por escrito al adquirente y del reembolso a éste de la parte de la prima correspondiente al plazo del seguro que falte por vencer.

Si la correspondiente póliza hubiese sido emitida a la orden o al portador, no podrá resolverse unilateralmente el contrato.

Las disposiciones de este artículo serán aplicables también en caso de muerte, cesación de pagos y quiebra del tomador.

Artículo 68. Si la empresa no hace uso de su derecho a resolver el contrato en los términos previstos en el artículo anterior, los derechos y las obligaciones del contrato de seguro pasarán al adquirente, a menos que éste notifique a la empresa de seguros dentro de los quince (15) días siguientes a la transmisión de la propiedad, su voluntad de no continuar el seguro…” .

Se infiere las normas antes transcritas que por ejemplo : “en los casos de adquisición de vehículos”, tanto el adquirente como quien transfiere la propiedad, con la finalidad de que el primero de los nombrados continué gozando del beneficio previsto en el contrato de póliza de seguro, ambos sujetos deben cumplir con las siguientes cargas: i) Deben dirigirse por escrito a la empresa aseguradora para comunicarle la sustitución del asegurado; ii) El tomador de la póliza en ese  caso debe participarlo dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que la transferencia haya operado; iii) Pago de la Prima Vencida hasta transferencia de la Propiedad (obligación Solidaria).

En la practica forense, hemos constatado en varias sentencias de Instancia, que el mencionado lapso para la tramitación y aceptación del seguro de póliza, se ha establecido como una caducidad, por lo que hay que estar atento, para el caso en que se alegue la “falta de cualidad” de la parte accionante en demanda el incumplimiento de las cargas antes mencionadas, se debe alegar junto con el  incumplimiento según el caso, la caducidad del plazo de notificación en el escrito de contestación. Ya que se han dado casos, que a pesar del incumplimiento de la notificación por parte de los obligados, los Tribunales ha declarado “sin lugar” la falta de cualidad, motivado a que no se alegó la caducidad establecida en dicha norma junto con el  incumplimiento del plazo de notificación.

En la practica forense,   ha sido declarada “con lugar” la falta de cualidad activa, en el caso que a pesar de que fueron cedidos los derechos del vehículo objeto de la póliza de seguro mediante una venta por Notaria, y posteriormente ocurre el siniestro, y el propio beneficiario de la póliza demande el cumplimiento del contrato, a pesar de haber vendido el objeto asegurado, se considera una falta de cualidad activa, por motivo a que  éste dejó  de ser el titular del interés asegurable, uno de los elementos necesarios para la validez del contrato de seguro.